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El Servicio de Bomberos Forestales lleva 27 días de huelga

43470046_10215236120687904_1844942681336184832_oEl Servicio de Bomberos Forestales lleva 27 días de huelga, con un seguimiento extraordinario cercano al 90%. Ayer, unos 300 bomberos forestales nos concentramos en las cercanías del Palau de la Generalitat donde nos esperaba un cordón policial para impedirnos el acceso a la Plaza Manises. El dispositivo de policía no sólo se encargó ayer de la seguridad de los políticos, sino que también intentaron ahogar las voces y proclamas del colectivo para no molestar a Pedro Sanchez y Ximo Puig. Pese a ello, fue inevitable que el clamor traspasara las paredes del Palau y que finalmente las quejas llegaran a ser escuchadas por los representantes políticos que asistieron al acto. Proclamas que fueron respondidas con total indiferencia, sin que ningún representante institucional (salvo el grupo Podem) se dignara a recibirnos en nuestra propia autonomía el día de nuestra Comunitat, pese a que una marea amarilla inundó la calle San Vicente para reprochar a nuestro presidente su escasa capacidad para mediar en este conflicto.

Pese a las huelgas de hambre, gestas deportivas, marchas reivindicativas y manifestaciones que ha llevado a cabo el colectivo, la respuesta recibida el día 8 de octubre fue muy aclaratoria. Desde Madrid se niegan a cumplir con los pactos acordados con la Generalitat, Tragsa y la Sepi, sin que se nos haya alegado ningún impedimento legal. La realidad es que la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, antigua consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía de Susana Díaz y responsable de la precariedad de los bomberos forestales de dicha comunidad autónoma, no quiere tolerar que los de la Comunitat Valenciana prosperen y consigan un salario digno que deje en evidencia su política de austeridad y opresión implantada en Andalucía y que tiene a su dispositivo con encierros y huelgas intermitentes desde el verano.

Consideramos una grave injerencia del gobierno central, ya que está condicionando las políticas de prevención y extinción de incendios forestales las cuales son competencia de la Comunitat Valenciana, según el Art. 55 de la nuestra Ley Forestal. No podemos tolerar que desde Madrid se estén dictando las pautas de cómo gestionar nuestros montes ni las condiciones laborales de los trabajadores que los protegen.

De la misma manera, la adecuación a las nuevas funciones están amparadas por nuestro propio Estatuto de Autonomía que en su artículo 49 establece la competencia en protección civil como exclusiva de la Generalitat.

Así pues, consideramos la actitud adoptada por Hacienda y el gobierno de Pedro Sanchez, no sólo un ataque hacia los trabajadores, sino también hacia la Autonomía Valenciana y los vecinos que atendemos en nuestras áreas rurales.

El ofrecimiento de un complemento no consolidable hasta el més de noviembre, fecha en la que se hace efectiva nuestra subrogación, no hace más que evidenciar dos cosas: por un lado, el reconocimiento tácito de una adecuación salarial necesaria por nuestro nuevo marco funcional, y por otra, la nula voluntad del gobierno central en cumplir la ley y respetar los acuerdos que hemos alcanzado y que tienen el visto bueno no sólo de Tragsa y la SEPI, sino de nuestra Generalitat, de su Abogacía, de la Sindicatura de Comptes, de la Comisión de Protección Civil o del Consell Jurídic Consultiu, entre otras instituciones oficiales. Y lo más importante, tienen el visto bueno de toda la sociedad valenciana a la que atendemos 24 horas, 365 días al año.

Por todo ello, el colectivo de Bomberos Forestales va a seguir con más ahínco si cabe, todas las movilizaciones pactadas durante la asamblea del viernes 5 de Octubre, es decir, huelga indefinida e intensificar todas las acciones reivindicativas, como ya demostramos ayer en el 9 d`Octubre. Os esperamos en la próxima convocatoria que será el 19 de octubre, a las 10 am en Delegación de Gobierno.

Que la sociedad valenciana se entere de que nos están pisoteando desde Madrid

¡LA LUCHA SIGUE!

Campanya pels drets lingüístics