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El alcalde de Alcalà de Xivert, Francisco Juan Mars, ha comunicado a todos los concejales, siete del PP, cuatro del PSPV y dos independientes, que los servicios jurídicos del consistorio le han remitido un escrito a través del cuál se les anuncia que el juzgado, en primera instancia, ha decidido archivar el caso por el que se les imputaba una presunta prevaricación por su voto favorable a un proyecto urbanístico en la zona de Cap I Corb, en Alcossebre. El Fiscal también imputó, en su día a la arquitecta municipal y a la técnica de urbanismo.
La denuncia fue presentada en el mes de enero por dos particulares, Oscar Martí y Juan Barceló, quiénes pidieron que se investigara el trasfondo del desarrollo urbanístico del sector P-23 , dónde se podía afectar con la urbanización a bienes de interés cultural y humedales protegidos, como la ermita de Sant Antoni, del siglo XVIII, el almacén de Cap I Corb, el yacimiento de Almedixer y la torre de Capicorb.
El consistorio redactó unas bases particulares para la selección y adjudicación del programa de actuación integrada de la unidad de ejecución P-23, siempre según ha manifestado el alcalde en todo el proceso, “ajustándonos a las decisiones e informes de los técnicos del Ayuntamiento”. Es más todo el conistorio dio luz verde a las bases al considerar que además, se estaba embelleciendo el entorno de la ermita de Sant Antoni, en un grave estado de deterioro y que, gracias al PAI debía restaurarse hasta el propio ermitorio.
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