La entidad considera que se daba un “desproporcionado beneficio” a una empresa de viveros por unos terrenos

La Fiscalía de Medio Ambiente y urbanismo, dependiente de la Fiscalía General del Estado, ha abierto diligencias tras las denuncias de un colectivo vecinal por el convenio urbanístico suscrito entre el Consistorio de Peñíscola y la sociedad Viveros Valencia. Fue la Asociación de Vecinos Afectados “Camí Vell”, que ha cuestionado en los últimos años el urbanismo de la localidad y el Concierto Previo del PGOU de la localidad, el que denunció la manera en la que el Consistorio trató de obtener los terrenos necesarios para la construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de la localidad. Fruto de un convenio, a cambio de unos terrenos con una superficie total de 66.902,33 m2, ubicados a más de 7 kilómetros de la costa, el Ayuntamiento se comprometió a otorgarles el equivalente al 65% del aprovechamiento en terrenos urbanizables en el sector 1 del planeamiento de Peñíscola.

“Es decir, se cambian 3 metros cuadrados de suelo a siete kilómetros de la costa por dos metros cuadrados de suelo a quinientos metros de la costa”, denunció ayer el portavoz del colectivo vecinal, Ezequiel Llorach.

La entidad ha realizado cálculos empleando criterios de valoración objetivos extraídos del propio Proyecto de nuevo Plan General del municipio, así como de los establecidos por la reparcelación del sector inmediatamente colindante con el sector 1 y ha obtenido que el valor de los terrenos objeto del convenio sería de 780.000 euros en su lugar de origen y de entre 9,5 millones y 16,3 si finalmente acaba siendo para uso de apartamentos u hotelero, respectivamente. La entidad cree que existe un beneficio del 1.200%. “De ello solo se puede deducir la constatación de un desproporcionado beneficio para una empresa privada y, por lo tanto, un paralelo perjuicio para el municipio y los ciudadanos de Peñíscola. Más, teniendo en cuenta que el Proyecto de Expropiación en la Zona de Origen de los terrenos, para los demás propietarios con terrenos aledaños y de similares características prevé un valor para ellos de 11,65 € el metros cuadrado”.

La entidad acaba reclamando que se encuentre una fórmula legal para obtener los terrenos que precisa la EDAR, que ya debería estar construida “respetando el principio de igualdad y sin perjudicar los derechos e intereses de terceros en favor de un interés particular”, concluye. La actual EDAR de la localidad está afectada por varios problemas. De un lado la presencia de gas radón en la misma y que está siendo estudiado por la Generalitat, que ha instado a tomar medidas de protección radiológica de los trabajadores de la misma y la otra, la que ha llevado a la clausura del nuevo Consistorio, construido sobre parte de las instalaciones que utiliza para canalizar el agua a través del emisario submarino. Los sindicatos han denunciado durante años el malestar, dolores de cabeza y náuseas de los trabajadores en dichas instalaciones, lo que llevó al traslado del personal a las viejas instalaciones y a otras dispersas.