 El Gobierno anunció ayer que estudia fórmulas para lograr que el proyecto de almacenamiento de gas natural Castor tenga el menor impacto ambiental y paisajístico posible en Vinaròs. Pero sin concretar cuáles, recordando la imperiosa necesidad de esta infraestructura en España y acusando a los colectivos y partidos que se oponen de tener el síndrome de not in my back yard (no en mi patio). La empresa Escal-UGS, por su parte, presentó ayer en Vinaròs el proyecto de las instalaciones en tierra, que servirán para conectar el depósito marino con el gasoducto, y desveló que sus técnicos redactan una modificación para reducir la altura de las chimeneas para mitigar su impacto paisajístico.
 La ubicación definitiva se decidirá "en las próximas semanas" siguiendo
la propuesta del Ayuntamiento de Vinaròs.
En una comparecencia a petición del PP para explicar el proyecto de
almacén de gas Castor en el antiguo yacimiento petrolífero marino
frente a Vinaròs, el ministro de Industria, Joan Clos, aseguró ayer que
el Gobierno está "introduciendo correcciones" al plan inicial para dar
respuesta a las demandas relativas a la seguridad y respeto al medio
ambiente.
En su intervención ante la comisión de Industria del Comercio, Clos
aseguró que se ha presentado un proyecto empresarial que se está
"valorando" y se están "introduciendo correcciones que permitan dar una
respuesta a las demandas del territorio", que calificó de "justificadas
y comprensibles".
Tras reconocer que el proyecto de almacenamiento de gas natural ha
producido "algunos conflictos" en los territorios afectados, en
referencia a Vinaròs y Alcanar (Tarragona), el titular de Industria
manifestó que se están produciendo conversaciones con "representantes
de los ayuntamientos y las administraciones territoriales" implicadas,
para resolverlos con una "gestión adecuada".
Sin embargo, las explicaciones del ministro no neutralizaron las
críticas de los diputados del PP, IU, CiU y ERC, que coincidieron en
acusar al Gobierno de haber gestionado el proyecto como "un mero
expediente administrativo" y de dar argumentos "dispersos y poco
comprometidos".
 Seguridad y mínimo impacto
También ayer por la mañana, pero en Vinaròs, el presidente de
Escal-UGS, Recadero del Potro, y el director general, Luis Carmona,
defendieron el proyecto ante los medios de comunicación, su importancia
en el sistema gasístico español y sus garantías de seguridad. Los
responsables de la firma que construirá el depósito submarino y la
planta de gas en tierra reconocieron que sus técnicos están modificando
el proyecto inicial para reducir la altura de las chimeneas con el
objetivo de reducir el impacto paisajístico. Además, aseguraron, "la
plataforma marítima no será visible desde la costa".
También confirmaron que la planta en tierra tan sólo funcionará durante
150 días al año y que su impacto ambiental será "equivalente" al que
produce el actual gasoducto Tivissa-Sagunto que cruza la provincia de
norte a sur y al que estará conectado, es decir, "mínimo".
 Del Potro y Carmona informaron de que la ubicación exacta de la planta
en tierra se dará a conocer en las próximas semanas y que seguirá las
directrices que le comunicó el Ayuntamiento de Vinaròs al Ministerio de
Industria: a unos 25 kilómetros de la costa y en un punto equidistante
a núcleos de población, descartando la previsión inicial a dos
kilómetros de la costa.
Escal-UGS pretende iniciar las obras de la planta de gas durante el
próximo otoño para que estén terminadas en el último trimestre de 2010,
según especificaron sus dirigentes, quienes añadieron que la compañía
lleva invertidos ya 30 millones de euros en el proyecto.
Entre otras cosas, la empresa ha realizado un detallado estudio del
antiguo yacimiento petrolífero a 1.800 metros de profundidad en el mar.
Los directivos explicaron que se trata de una bolsa rocosa y porosa,
cuyas características geológicas hacen que tenga "una compatibilidad
óptima para el sistema de almacenamiento y de transporte", impidiendo
cualquier migración de gas hacia la superficie.
Durante el tiempo que se prolonguen las obras en el depósito marino,
los pescadores tendrán que modificar sus rutas, por lo que la compañía
recordó que serán indemnizados.
Del Pozo y Carmona concluyeron su exposición incidiendo en la
"delicada" situación que atraviesa el sistema gasístico español por la
falta de capacidad de almacenamiento, ya que durante la última década
ha crecido un 400% su demanda.
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